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Organizaciones de agricultores se manifestarán hoy, en San José, para exigir a los diputados el pronto trámite de una reforma a la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El sector no reclama una disminución de los porcentajes fijados en la normativa vigente, sino la reducción del valor de sus terrenos para fines del impuesto. La tarifa uniforme permanecería igual, pero, si se acepta su propuesta, solo se le aplicaría al 20% del valor del terreno.

El Poder Ejecutivo les concede razón en cuanto a la necesidad de revisar las normas, pero hay un tercero en discordia: las municipalidades, cuyas finanzas dependen de la recolección del tributo. No es un problema fácil de resolver. Los Gobiernos locales temen el cierre de programas si los diputados se exceden en el beneficio propuesto para el agro.

El 40% del presupuesto municipal de Guatuso sale del impuesto sobre bienes inmuebles. En Los Chiles la cifra alcanza el 37%, y el 43% en Golfito. La proporción correspondiente a Coto Brus es 36%, al igual que en La Cruz. Los cantones con mayor grado de urbanización están, por razones obvias, mejor posicionados para resistir la rebaja. Los más afectados se cuentan, también, entre los más pobres.

Los diputados están trenzados con los agricultores en un debate de porcentajes. Ofrecen un proyecto, ya dictaminado en la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa, para ajustar el valor de las tierras en un 50% a la hora de aplicar la tarifa uniforme. El mecanismo escogido por unos y otros en nada se diferencia, salvo en el porcentaje. En consecuencia, las dos propuestas comparten idéntico defecto: restar transparencia al mercado.

La valoración de las tierras dedicadas a la agricultura sufre fuertes alteraciones por la plusvalía adquirida a consecuencia de la instalación, en sus cercanías, de proyectos turísticos, industrias, comercios y otras obras de valor. La relación entre el pago de impuestos y la plusvalía es un principio aceptado. La dificultad, en el caso concreto de la agricultura, es la asignación de valores según el desarrollo general de la zona, sin considerar el uso específico de la tierra, para luego aplicar una tarifa uniforme.

El problema está en la tarifa uniforme, no en la valoración. El rendimiento del suelo dedicado a fines agrícolas en pequeña y mediana escala suele ser menor que el extraído de actividades urbanísticas, comerciales e industriales, incluyendo la agroindustria. Es justo considerar esos rendimientos a la hora de determinar, no el valor de la tierra o la base imponible, sino la tarifa del impuesto aplicable.

La instalación de uno o varios complejos turísticos en los alrededores de un fundo agrícola puede alterar el valor de los terrenos, pero no su rentabilidad. Parece, pues, razonable tomar en cuenta la diferencia a la hora de establecer la tarifa. Las Plataformas de Valores de Terrenos por Zonas Homogéneas (PVZH) adoptadas en el 2007 deben mantenerse y perfeccionarse para conseguir cada vez mayor precisión en la valoración de la tierra.

Al mismo tiempo, debe haber una escala impositiva diferenciada para conservar el rendimiento de los fundos destinados a la agricultura, sin incurrir en el error de diseñar escalas excesivamente casuísticas, cuyo resultado puede ser la ineficiencia a la hora de recaudar el impuesto.

La diferenciación es una tesis pacífica en el caso de otros tributos, como el impuesto sobre la renta, y no debería representar un obstáculo infranqueable en el caso de bienes inmuebles.

El ajuste de la base y no la tarifa podría estimular la especulación con tierras adquiridas para el solo fin de aprovechar eventuales plusvalías, con lo cual se corre el riesgo, ya visible en muchas zonas del país, de distorsionar el mercado.

La revisión necesaria es más profunda y debe tomar en cuenta los problemas de la rentabilidad y la especulación, así como la extensión de los terrenos agrícolas y la naturaleza concreta de las actividades desarrolladas en ellos. La búsqueda del “punto justo” ansiado por los legisladores exige mayor reflexión.

FUENTE: Nacion.com

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