AGRO 2.0

Más que combustible para andar la locomotora del agro, los campesinos, indígenas y comunidades afrodescendientes de la Región Caribe necesitan tierras, principio y eje central de sus propuestas para la creación de zonas productivas integrales que hoy le presentarán al presidente, Juan Manuel Santos, durante el encuentro que se realizará, a partir de las 10 de la mañana en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Esta solicitud, aclamada por los campesinos de la Costa, es sustentada por el informe de la oficina de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada, que indica que a los campesinos le han sido expropiadas 1.104.844 hectáreas de tierra en los últimos años, de las cuales se les han restituido 5.000 hectáreas, aproximadamente.

“Esta es una cantidad simbólica. Los campesinos no han retornado a estas tierras por el fenómeno que aun ejercen las autodefensas en estas territorialidades, de allí se desprende la necesidad de una alianza de las comunidades con el Gobierno Nacional y esto es lo que queremos pactar en el encuentro del Estadio Metropolitano”, explicó el coordinador del evento Alejandro Suárez, quien espera contar con la presencia de unas 20 mil personas.

Una radiografía que se repite

El diagnóstico de los problemas de los campesinos, indígenas y afrodescendientes se repite casi que intacto en los siete departamentos de la región con un síntoma común y persistente en todas las localidades: pobreza y detrimento de la calidad de vida de los habitantes del sector más importante de la economía colombiana.

EL HERALDO con sus corresponsales realizó un recorrido por la Costa, en el que encontró situaciones y circunstancias que bien vale la pena tener en cuenta.

Con 343.822 hectáreas expropiadas, Bolívar se convierte en el Departamento con más tierras que recuperar para sus campesinos, cuyos líderes le piden al Gobierno celeridad en el proceso de restitución y protección de sus vidas, pues no son un secreto las consecuencias que han dejado las acciones de los grupos armados al margen de la ley en su territorio.

El Cesar ocupa el segundo lugar en el ranking de la expropiación con 264.960 hectáreas. Comunidades campesinas de este departamento informaron que los casos de despojo y desplazamiento forzado se realizaron en 10 de los 25 municipios con que cuenta, siendo El Copey el más afectado; le siguen Valledupar, Becerril, Codazzi, La Jagua de Ibirico, El Paso, Manaure, Curumaní, La Paz y Astrea.

Los casos más comunes de despojo de las tierras se dieron por venta forzada, desplazamiento forzado y precio irrisorio.
Según los reclamantes las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, son el grupo armado que causó mayor expropiación con un 95 por ciento del total de los casos, mientras que la Farc y el ELN aparecen con el 4 y 1 por ciento, respectivamente.

El tercer departamento con más tierras expropiadas es Córdoba, con 162.195 hectáreas. Aquí, además de la recuperación de estos terrenos, queda pendiente la restitución de las hectáreas que los bancos remataron a los antiguos parceleros, las cuales hoy hacen parte de grandes fincas de familias acaudaladas, mientras que los hijos de los antiguos propietarios, integran la informalidad del mototaxismo y otras ocupaciones.

La denuncia la hizo el alcalde de Cereté, Francisco Padilla Petro, tras afirmar que de nada ha servido su llamado al Gobierno para que no se abandone a los pequeños productores de algodón en Córdoba, donde de 18 mil toneladas que se producen en la actual cosecha, al menos la mitad corre el riesgo de quedar almacenada y sin comercializar.

Dijo que el Gobierno desconoce cuál es la realidad de los algodoneros en Córdoba y Cesar y es el momento de afrontarla.

Vías de arranque

De nada sirve impulsar la economía sin adecuar la infraestructura vial, insisten los campesinos del Magdalena, cuarto departamento con más hectáreas expropiadas: 161.696 en total. Solicitan la gestión para hacer realidad la carretera de la Productividad o marginal al Río y el arreglo de las vías terciarias. Además requieren más recursos para atender a los damnificados por el invierno, especialmente en materia de reubicación y soluciones de vivienda.

En Sucre, los campesinos reclaman 99.352 hectáreas. Aquí el símbolo del conflicto es la finca La Europa donde 84 familias están enfrentadas a la empresa Arepas Don Juancho que adquirió 900 de las 1.321 hectáreas que la conforman.

En Ovejas, San Onofre, Majagual y Guaranda se registran situaciones similares.

Pese a que en La Guajira, las comunidades indígenas han sido expropiadas de 63.815 hectáreas por grupos de Autodefensas, la Defensoría del Pueblo afirmó que por la falta de información no se ha iniciado la restitución.

El Atlántico, considerado departamento receptor de desplazados por la violencia, ocupa el séptimo lugar en la Región Caribe por la cantidad de hectáreas expropiadas, 1.974 en total.

Aquí, según los líderes campesinos, la crisis social que generó la inundación del cono sur ha comenzado a pasar cuentas de cobro con hambrunas, desempleo y un continuo deterioro de la calidad de vida de los habitantes. Hernet Menco, promotor del Comité Permanente de Solidaridad con el Sur del Atlántico, afirmó que la situación de estos pueblos resulta violatoria de los derechos humanos, como en casi todos los departamentos de la Región.

Proyecto de protección

El proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada por la Violencia es una iniciativa adelantada por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. Cuenta con el respaldo del Banco Mundial, la Agencia Sueca de Cooperación Internacional, entre otros.

El proyecto, originalmente tuvo como objeto de intervención la protección de las tierras y territorios afectados por la violencia o el desplazamiento. Sin embargo, su accionar actual se extiende hacia otros campos de trabajo que propenden por la formalización y restitución de los derechos sobre tierras y territorios abandonados o despojados. Así mismo, trabaja con equipos interdisciplinarios en todo el país.

FUENTE: elheraldo.co

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