Al cabo del decenio de crecimiento económico “más importante de los últimos 200 años”, según dijo varias veces la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK), de un período en que el país disfrutó del boom de los precios sojeros y de las commodities agrícolas más importante de los últimos 60 años, del cacareado proceso de “desendeudamiento”, cuyo gran jalón fue la “reestructuración de deuda soberana más exitosa de la historia” (Néstor Kirchner 2005 dixit), y a menos de veinte meses de iniciada la “batalla cultural” para pesificar la economía en general y el sector inmobiliario en particular, el gobierno anuncia un jubileo de capitales negros endivisas, un llamado mundial ya no al dinero de la evasión fiscal, sino de la corrupción (interna y externa), el narcotráfico, la trata de personas y otras formas del dinero malhabido, difícil de hacer circular legalmente sin llamar la atención sobre su origen y sus propietarios.

Para resolver esos problemas, no habrá preguntas sobre la proveniencia de los fondos ni será pública la lista de blanqueadores, que no sólo estarán exentos de impuestos: si optan por uno de los tres títulos a crearse, hasta recibirán una renta del 4 % anual en dólares.

Es cierto, el texto del proyecto dice que quienes se presenten no deben estar imputados por lavado de dinero ni estarán eximidos de eventuales investigaciones por esa causa, pero, ¡¡vamos!! Pese a las promesas de anonimato, en estas cosas se usan testaferros. Y para mejorar el camuflaje, ahí están disposiciones como la posibilidad ilimitada de endosos del bono más llamativo de todos: el Cedin (Certificado de Depósito para Inversión), cuyas letras, tributo a la credibilidad, coinciden con las del Indec.

Buscando recursos

Los otros dos títulos, de sonido farmaceútico (¿silencioso homenaje a los financistas de la campaña presidencial de CFK en 2007?) son el Baade (Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico) y el Pade (Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económico), que servirían, por ejemplo, para que eventuales socios externos de YPF contribuyan a las cuantiosas inversiones que requiere el desarrollo de los recursos “no convencionales” (la famosa formación Vaca Muerta) haciendo valer sus dólares a un valor más cercano al “blue” que al tipo de cambio oficial.

Pero si ése es uno de los efectos buscados, ¿por qué el gobierno no hizo algo para salvar el multimillonario proyecto de la brasileña Vale en Potasio Río Colorado, la más grande inversión extranjera directa que había en el país?

Ésa no es la única pregunta que genera la iniciativa. Antes, hay otras más elementales. ¿Tan desesperado está el gobierno por hacerse de dólares? ¿Tanto, que ni le importa tirar por la borda su preciado “relato”? ¿Tanto, que ni tiene pruritos en anunciar un blanqueo en medio de denuncias e investigaciones por lavado de dinero y corrupción que lo involucran? ¿Cuál será el verdadero nivel de reservas del Banco Central?

Aún dando por buenas las cifras que informa la autoridad monetaria (39.100 millones de dólares, 31.000 millones si no se cuentan los encajes bancarios, cerca de 29.000 millones si también se restan los créditos internacionales), el nivel de reservas ya cubre menos de la mitad del agregado monetario más significativo: el M2 “privado”, un nivel similar al de 2001.

También es significativo que la declinación de reservas y la suba del “blue” haya seguido en abril, pese a que en ese mes el complejo sojero-aceitero declaró exportaciones como nunca, y que la caída se haya acelerado del promedio de 49 millones de dólares diarios durante el primer cuatrimestre a 84 millones en los días posteriores al anuncio del blanqueo por parte del desafinado quinteto que formaron el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, su viceministro, Axel Kicillof, la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y el mandamás de la Afip, Ricardo Etchegaray.

Tendencias

Aunque el gobierno tenga éxito y con el blanqueo logre hacer ingresar a la economía unos 4.000 millones de dólares que engorden las reservas, muevan el mercado inmobiliario y aceiten inversiones de YPF, permitiéndole “tirar” hasta las elecciones de octubre, la cuestión de fondo siguen siendo las tendencias recesivas, el estancamiento del empleo y una inflación cada vez más insoportable.

Pero aunque el país atraviesa su noveno año consecutivo de inflación superior al 10 % y el cuarto bien por encima del 20 %, el gobierno sigue negando el problema. La lógica respuesta social es huir del peso, consumiendo bienes o demandando dólares. La cada vez más escasa disposición a mantener nuestra propia moneda en el bolsillo o en depósitos que rinden menos que la inflación (técnicamente, la “demanda” de dinero) es la frágil frontera entre la lenta decadencia del modelo o una crisis tipo “rodrigazo”.

Durante diez años el gobierno vendió que la mejoría respecto de las profundidades de la crisis 2001/2002 era su mérito, no producto del trabajo de millones de argentinos ni de la fortuna epocal de gozar de los mejores precios internacionales de los bienes que más y mejor produce el país. Ignoró también a millones de pobres e indigentes, barridos bajo la alfombra que construyó con sus mentiras estadísticas.

” Este proyecto de ley es un somnífero. Cuando el paciente se despierte seguirá con los mismos problemas. Es premiar a los evasores y traspasa el Estado de Derecho”.

Alberto Abad,

ex titular de Afip.

” La ley presenta objeciones éticas y de disciplina tributaria de largo plazo. En lo instrumental se plantea objetivos a partir de un diagnóstico equivocado”.

Guillermo Nielsen

  Fuente: El Litoral