AGRO 2.0 COLOMBIA: Agro y nueva realidad política

COLOMBIA :  Oriundo de Socha, Boyacá, un municipio donde se siembra papa y maíz, Carlos Amaya es el congresista más joven de Colombia, para quien ha llegado el momento de dignificar a los campesinos, sometidos a toda una vida de abandono por parte del Estado. En reciente entrevista concedida a la periodista María Jimena Dussán, manifestó que el problema del agro en Boyacá y el país no es de gobierno, sino que viene de 20 años atrás, desde cuando se dio curso a la llamada apertura económica. Desde entonces los campesinos han venido sembrando a pérdida, situación que ha empeorado con la aplicación de los TLC. Los productores colombianos compiten en amplia desventaja con una agricultura altamente tecnificada como la de Estados Unidos, que cuenta además con subsidios que superan los cien mil millones de dólares para los próximos años. 

Con respecto a la difícil negociación con el gobierno nacional en el pasado paro agrario, Amaya de manera directa y puntual manifestó: “¡Es que no se está negociando un bulto de papa!… se está negociando el futuro del agro en Colombia, producto de un abandono de décadas. Lo que piden –los campesinos- son cosas muy puntuales: que les reduzcan el precio de los fertilizantes, los más caros del mundo; que haya salvaguardas a algunos productos como la leche, la cebolla y la papa; control al contrabando y solución al tema del alto costo de la gasolina, que encarece los precios. Y le agregaría otro tema: la escasa formación académica en las zonas rurales. En el campo casi nadie estudia y los que salen a estudiar se quedan en las ciudades. No hay tecnificación y los campesinos siguen sembrando a la antigua”.

Ante los reiterados incumplimientos por parte de los sucesivos gobiernos de los compromisos adquiridos los productores campesinos se han tornado más escépticos y desconfiados. Al respecto, María Jimena Dussán llama la atención sobre el surgimiento de un nuevo país político, expresado en una cada vez más amplia movilización ciudadana en calles y plazas del país, sin que organización alguna, Congreso, partidos políticos o asociación gremial, la haya convocado. Así aconteció con las marchas estudiantiles que llevaron a que el presidente Juan Manuel Santos archivara el proyecto de ley de educación y con el cacerolazo en Tunja en apoyo a los campesinos. Ni la extrema derecha ni la extrema izquierda direccionan la movilización de inconformes. El naciente país político no es tonto como para no identificar a las extremas y a sus habilidosos voceros como actores sociales gravemente comprometidos, junto con los corruptos, en los sufrimientos infligidos al pueblo, en especial a los campesinos.